SEVILLA, 18 (EUROPA PRESS)
La puesta en funcionamiento del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía (Teaja) ha supuesto la disminución, en un 59%, del importe de las reclamaciones económico-administrativas pendientes de resolución y un 37% el número de expedientes.
Así se detalla en la referencia del Consejo de Gobierno de este martes, donde se explica que el Teaja reestructura los órganos económico-administrativos propios de la comunidad autónoma, lo que ha acelerado este trámite preceptivo, “mejorando la gestión de los ingresos públicos”.
Ésta es una de las conclusiones derivadas de la Memoria del ejercicio 2021 de dicho órgano que ha presentado el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, al Consejo de Gobierno andaluz este martes.
El Teaja inició el año 2021 con 383 reclamaciones pendientes de resolución, por un importe superior a los 47 millones de euros. Durante dicho ejercicio, recibió 283 reclamaciones y celebró diez sesiones, en las que el órgano colegiado resolvió un total de 426 reclamaciones, por más de 44,6 millones, con un resultado de 240 reclamaciones pendientes a finales de año, valoradas en 19,2 millones.
Así, al terminar 2021, el número total de expedientes pendientes respecto al comienzo del año se vio reducido en un 37%, y el importe pendiente disminuyó en un 59%. El porcentaje de reducción asciende al 91% si se observa únicamente el número de expedientes pendientes relativo a la anterior Junta Superior de Hacienda y al 93% en relación con las Juntas Provinciales de Hacienda, según detallan desde el Gobierno andaluz.
De las reclamaciones resueltas por el Teaja durante 2021, un 64% se resolvieron en sentido desestimatorio; un 11% fueron estimadas; un 5%, archivadas, y un 20%, inadmitidas. Las reclamaciones desestimadas suman un importe de casi 34 millones de euros y representan el 76% del importe total de los expedientes resueltos en 2021.
Además, en este ejercicio, el Teaja resolvió sobre 77 piezas de suspensión de la ejecución del acto objeto de reclamación económico administrativa, por un valor de 5,2 millones, reduciendo el pendiente de piezas de suspensión respecto al existente a principios del año en un 62%, restando al final del año nueve piezas de suspensión por resolver, por un importe de 745.216 euros. El 84% de los acuerdos adoptados en relación con las solicitudes de suspensión fue denegatorio.
El 6 de agosto de 2020 entró en vigor el Decreto 60/2020, de 29 de abril, por el que se regula la organización, el funcionamiento y el régimen jurídico del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía.
Dicho decreto lo reconoce como único órgano colegiado con competencia para conocer las reclamaciones económicoadministrativas que se produzcan en el ámbito de la gestión económico-financiera de la comunidad autónoma de Andalucía, actuando con independencia funcional en el ejercicio de sus competencias y estando adscrito a la Dirección General competente en materia de tributos.
Con la entrada en vigor de esta norma, desaparecieron las ocho Juntas Provinciales y la Junta Superior de Hacienda que, hasta ese momento, eran los órganos económico-administrativos de la Junta de Andalucía.
“MEJORA EN LA GESTIÓN”
Según el Gobierno andaluz, la creación del Teaja ha supuesto la simplificación y reducción de cargas administrativas a la ciudadanía, así como la bajada de la litigiosidad, tanto en vía administrativa como judicial, y la “mejora en la gestión de los ingresos públicos”.
Con su entrada en vigor, además, desparecieron las ocho Juntas Provinciales y la Junta Superior de Hacienda, lo que ha supuesto un “ahorro de recursos”, de forma que los integrantes de estas Juntas –más de 50 personas– han podido liberarse de esta función, ahora desarrollada por los ocho miembros del Tribunal.
Todo ello, según inciden desde la Junta, implica una “mejora en la gestión” basada en la ejecución de un cambio organizativo que “racionaliza y simplifica, ahorra recursos, mejora la eficacia, homogeniza criterios e impulsa la especialización, lo que da lugar a mejores tiempos de resolución y una mayor seguridad jurídica”.
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