MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Jesús Fernando Martínez Usano, el inspector del Banco Central Europeo (BCE) revisar el funcionamiento del Banco Popular, ha explicado este jueves al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que la entidad llevó a cabo una liberación de coberturas “contraria a la norma”, cifrando el déficit de provisiones entre 1.153 y 1.355 millones de euros.
Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que la testifical de Martínez Usano, que comparecía por segundo día consecutivo ante el magistrado, se ha centrado en esta ocasión en el informe elaborado por el BCE en 2018 y que se centraba en los adjudicados del banco, en concreto de los inmuebles que estaban en cartera.
A lo largo de más de tres horas, el inspector ha ratificado el documento y ha reconocido que la inspección reveló problemas relacionados con el dinero que el banco debía provisionar con respecto a los inmuebles de los que disponía.
Así, el Popular habría realizado en 2016 un levantamiento de una serie de coberturas, provocando un déficit que se debió a que las políticas contables de la entidad eran incorrectas. En concreto, esa decisión llegó a raíz de la evolución de las normas de contabilidad del banco.
EL MODELO QUE DETERMINABA LOS RECORTES DE VALORACIÓN
En su informe, según el propio Martínez Usano, se centraron en analizar el modelo informático que calculaba los ‘haircuts’ que tenía que aplicar el Popular. Esto es, en términos coloquiales, el recorte de valoración o la reducción que se aplica al valor de un activo. En este caso, si el banco contaba con un inmueble, ese sistema se encargaría de determinar su valor real desde la adquisición.
En las conclusiones del citado informe el inspector concluyó, como ha repetido ante el magistrado, que ese modelo informático –que en sus palabras fue desarollado por intención general del banco– no era correcto.
Su declaración ante el magistrado también ha servido para abordar si las valoraciones de los citados activos de la entidad eran correctas. Usano ha confirmado que las mismas fueron realizadas por tasadoras que estaban supervisadas por el Banco de España.
A este respecto, la cuestión era determinar si esas valoraciones estaban sobrevaloradas o no. El inspector ha dejado claro que si hubo apreciaciones ciertamente optimistas en los desarrollos urbanísticos de un suelo la responsabilidad era del tasador y, en ningún caso, del Popular.
El mismo informe también contenía un apartado referido a Thesan Capital, una sociedad de capital riesgo especializada en la compra de empresas en crisis que obtuvo financiación por parte del Popular para tratar de reflotar una serie de sociedades con una frágil situación económica.
El inspector ha explicado que del estudio de la misma pudieron determinar que Thesan Capital era “un agente fiduciario” del Banco Popular. Una afirmación que, según fuentes consultadas, se contradice de forma frontal con las conclusiones de los peritos del Banco de España alcanzaron en un informe de 98 páginas que trascendió a finales del pasado año.
SEGUNDO DÍA DE DECLARACIÓN ANTE EL JUEZ
Mientras que la sesión de este viernes se ha centrado en el informe de 2018, la del jueves sirvió para que Usano detallase otro anterior: el estudio sobre riesgo de crédito que elaboraron en 2016, y que centró todo el interrogatorio.
En su testifical, el inspector explicó al juez que gran parte de las deficiencias de la entidad se debían a una debilidad de los controles internos de tratamiento de riesgos. Con todo, esos fallos en los controles del banco no fueron incluidos en el citado documento porque, pese a detectar debilidades, el equipo encargado de la revisión no contaba con los medios adecuados para tratarlo con la minuciosidad requerida.
El magistrado consideró esencial escuchar su testimonio como jefe de equipo en dos misiones que se realizaron desde el BCE, y que tenían como objetivo verificar la dotación de provisiones de una muestra de 100 prestatarios reestructurados o refinanciados seleccionados con un criterio determinado así como la correcta clasificación contable una cartera de activos adjudicados en pago de deudas.
“Su equipo examinó una muestra significativa de prestatarios reestructurados/refinanciados con objeto de determinar su correcta clasificación contable y la adecuada dotación de provisiones. También se examinó una cartera relevante de activos adjudicados. Su testimonio podrá aportar datos sobre la política de gobernanza de riesgos del Banco Popular”, aseguró el juez en el auto en el que fijó su comparecencia.
EL TESTIMONIO DE UN SEGUNDO INSPECTOR
Calama ha tomado declaración a Usano después de escuchar la pasada semana a otro inspector del BCE, Manuel Caro Jiménez, jefe del equipo de inspección continuada que supervisó el Banco Popular, entre noviembre de 2013 y el 3 de noviembre de 2014 desde el Banco de España.
El testimonio de Usano era, si cabe, más relevante que el del propio Caro, en tanto que el primero vivió el final y las conclusiones de la inspección al banco, mientras que éste último tan solo estuvo presente en el inicio.
En esta causa, el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.
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