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Una batería de diligencias de Anticorrupción retrasará el final de las pesquisas por los trabajos de Villarejo para BBVA

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Se espera que la Fiscalía y el propio banco pidan al juez que practique nuevas pruebas antes de concluir la investigación

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Una nueva batería de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción amenaza con retrasar el final de la investigación que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón coordina en relación a los supuestos trabajos que el comisario jubilado José Manuel Villarejo habría realizado para BBVA.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que aunque esta pieza separada de la macrocausa ‘Tándem’ se encuentra cercana a su conclusión, la instrucción de la misma podría demorarse un par de meses más para la práctica de unas diligencias que el magistrado encuentra razonables.

Aunque el Ministerio Fiscal no ha concretado todavía esas peticiones, los fiscales anticorrupción Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro presentaron un escrito el pasado 31 de mayo adhiriéndose de forma parcial al recurso de apelación presentado por el que fuera jefe de Seguridad del banco Julio Corrochano.

En el mismo sendos fiscales se referían a algunas de las diligencias solicitadas por Corrochano al considerar que las mismas son necesarias y útiles a pesar de que, recuerdan, fueron rechazadas por el instructor.

En concreto, y en relación a las testificales de Clara Codesal y Beatriz Aguiriano, el magistrado descartó llamarlas a declarar al no quedar determinado el porqué de su citación. Fiscalía apunta que ambas “tuvieron, no sólo acceso, sino una intervención directa y determinante para el pago de las facturas”.

“DE VITAL IMPORTANCIA”

“Conforme a la normativa interna para su pago, solo podían autorizar si hubiesen tenido acceso al contrato y a la correcta ejecución del servicio, existiendo por ello indicios de que si fueron pagadas, fue incumpliendo tal normativa por órdenes de sus superiores (aquí investigados). Es por ello que su declaración se manifiesta de vital importancia y trascendencia”, aduce Anticorrupción.

En este contexto, la Fiscalía también informa de manera favorable a la petición de que José María Lazarrabal declare como testigo. “La diligencia es pertinente, necesaria y útil”, aseguran, trasladando el mismo criterio a la testifical de Isabel López.

Además de estas peticiones y de otras que pueda solicitar la Fiscalía, el BBVA también tiene previsto solicitar al juez la práctica de nuevas pruebas. Y las mismas fuentes apuntan que es improbable que dé tiempo a realizar todas ellas antes del 29 de julio, cuando caduca la actual prórroga de esta fase de instrucción, lo que previsiblemente llevará al alargamiento de la investigación.

En esta pieza número 9, donde tanto BBVA como su expresidente Francisco González están imputados, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 investiga los servicios contratados por el banco a CENYT –buque insignia del grupo empresarial de Villarejo– para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.

LAS ÚLTIMAS DILIGENCIAS

Entre las últimas diligencias practicadas por el juez se encuentran la declaración del pasado 30 de mayo como testigo del ex consejero delegado de la entidad y actual presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, y del que fuera su director de Comunicación, Javier Ayuso.

El mes de mayo también sirvió para que el magistrado escuchase al actual asesor de Presidencia del BBVA, Juan Asúa Madariaga, al responsable de Seguridad Nazario Campo, al ex director de Red Banca Comercial Ignacio Pérez y a la extrabajadora de CENYT Alejandra Fernández-Chico.

El instructor dio desde inicios de año un fuerte acelerón a esta pieza acordando un total de 14 declaraciones de testigos e investigados entre los que destacaron el exjefe de control interno de la entidad Eduardo Arbizu o el que fuera jefe de riesgos del banco Manuel Castro.

Pero, además, estos últimos meses también han servido para que el juez haya escuchado a los exresponsables jurídicos del banco José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega, al que fuera el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de BBVA Ricardo Gómez Barredo y al técnico contable de la entidad Gregorio Egea.


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