MADRID, 13 (SERVIMEDIA)
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, Teresa Ribera, tiene previsto reunirse mañana jueves con responsables de las principales empresas petroleras y distribuidoras de carburantes para, entre otras cosas, analizar el diseño del nuevo impuesto que quiere aplicar el Gobierno a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas a partir del 1 de enero de 2023.
Este encuentro forma parte de una serie de reuniones que pretende llevar a cabo Ribera con las empresas afectadas por este cambio fiscal, que continuará con eléctricas y gasistas.
El Ejecutivo se ha fijado el objetivo de recaudar unos 4.000 millones de euros gracias a este impuesto que, en principio, estará vigente durante 2023 y 2024.
Este nuevo tributo sigue la estela del aprobado en Italia por Mario Draghi que también será replicado por otros países como Bélgica. Junto al nuevo impuesto que el Gobierno pretende aplicar también a la banca permitirá recaudar 7.000 millones en estos dos años, algo menos de la mitad de los 15.000 millones que costarán las medidas aprobadas por el Gobierno para mitigar el impacto económico de la guerra en Ucrania.
Para fijar este nuevo impuesto, en cuyos detalles avanza el Ministerio de Hacienda, el Gobierno quiere basarse en los ingresos de las energéticas para retraer a su beneficio la diferencia que obtienen estas compañías gracias al elevado precio de las materias primas.
Otro aspecto que Ribera quiere tratar en la reunión es la evolución del margen de refino, que se ha disparado desde el inicio del conflicto bélico. En el caso de Repsol, se ha incrementado un 242% del primer al segundo trimestre de este año.
También quiere analizar el funcionamiento del descuento de los 20 céntimos al carburante, que según el análisis realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) estaría siendo bien aplicado por las estaciones de servicio.
Por último, quiere abordar aspectos relacionados con la garantía de suministro ante la posibilidad de que España deba tener que aportar recursos a otros países más afectados por el recorte de los carburantes llegados desde Rusia en el marco del plan de contingencia que debe presentar a Bruselas.
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