MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
Ciudadanos registró este viernes en el Congreso de los Diputados un total de 446 enmiendas al articulado de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 con el objetivo de mejorarlos, después de que se rechazara su enmienda a la totalidad de devolución y la de los otros partidos que también la presentaron.
Entre todas ellas, destaca que el partido de Inés Arrimadas, como hizo el año pasado, vuelve a pedir una partida específica de 100 millones de euros como complemento para los servicios de atención a las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familias en el próximo ejercicio presupuestario.
Al mismo tiempo, como ya avisó este partido, las pensiones ocupan gran parte de estas enmiendas. Desde el principio, Ciudadanos criticó que el Gobierno plantease una subida del 8,5% de todas las pensiones para el año 2023 ya que esto acabaría “reventando” el sistema de pensiones y creando una brecha “generacional”.
Por ello, con distintas enmiendas Ciudadanos propone que la revalorización se haga en función de un IPC específico de pensionistas, “elaborado con la misma metodología que el general, pero específicamente ajustado a los patrones de consumo de los mayores, de manera que se garantice de forma más precisa y acertada el mantenimiento de su poder adquisitivo”.
En materia de pensiones, apuesta por fomentar la migración regular y abordar el problema de natalidad al que se enfrenta España. Para ello, propone “un Plan de Acción para el Impulso de la Natalidad que ayude a abordar esta problemática con ayuda de la I+D y revisando la legislación aplicable que pueda haberse quedado obsoleta para la situación actual de la natalidad en España”.
Asimismo, en estas enmiendas Ciudadanos incorpora diferentes medidas para mejorar varios aspectos de las diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, las presentadas para la Comunidad de Madrid tienen como prioridades la inversión en mejores y más modernas infraestructuras y unos servicios de calidad para los ciudadanos.
Para Cataluña, por ejemplo, piden recuperar la partida de cinco millones de euros para garantizar el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en castellano que el PSC pidió retirar en 2015 y que “han olvidado” los Gobiernos centrales del PSOE y del Partido Popular en estos años.
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