SAN SEBASTIÁN, 16 (EUROPA PRESS)
La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha dado cuenta este miércoles de la hoja de ruta del Gobierno Vasco para “minimizar” el vertido de residuos no peligrosos y “garantizar que a partir de 2024 las instalaciones autorizadas tengan capacidad suficiente para recibir el vertido generado en Euskadi”.
En rueda de prensa en la capital guipuzcoana, Tapia, acompañada de la viceconsejera vasca de Sostenibilidad Ambiental, Amaia Barredo, y del director de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno Vasco, Javier Agirre, ha presentado la ‘Hoja de ruta para garantizar la autosuficiencia y minimizar el vertido’, que busca dar “un giro completo al modelo de tratamiento de los residuos no peligrosos” que se generan en Euskadi para 2030.
La consejera ha señalado como principales objetivos “reducir notablemente el volumen de vertido de estos residuos, hasta que en 2030 se sitúe en el 15% del total generado”, así como “garantizar que a partir de 2024 las instalaciones autorizadas tengan capacidad suficiente para recibir el vertido generado en Euskadi”.
Estos objetivos están fijados en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 2030, aprobado a finales de 2021, junto al adecuado cierre de los vertederos existentes al final de su vida útil. Durante los próximos años se prevé que ocho vertederos reciban residuos no peligrosos: Gardelegi, en Álava; Epele y Aizmendi, en Gipuzkoa; e Igorre, Bistibieta, Betearte, Zalla y la futura restauración ambiental de Artxanda, en Bizkaia. De estos se contempla que únicamente cuatro estén abiertos después de 2030.
También se contemplan las ampliaciones de las instalaciones de vertido de Igorre, Bistibieta y Betearte, la reapertura de Epele y la restauración de Artxanda, con el fin de incrementar la capacidad de vertido “en 4,7 millones de toneladas”, lo cual, según Tapia, es “suficiente para hacer frente a las necesidades de vertido previstas en el Plan de prevención y gestión hasta 2030”.
La consejera también ha dado cuenta de algunas actuaciones ya en marcha para minimizar el vertido, que “se está reduciendo por debajo de lo previsto inicialmente”, como la orden de limitación de vertido, aprobada en 2020, que prohíbe llevar a vertedero determinados residuos, las ayudas a proyectos de reciclaje y valorización, y la aprobación en los próximos años de hasta 10 nuevos decretos que abren nuevos usos a los materiales secundarios y prohíben su vertido.
Tapia se ha referido, además, a 54 proyectos de apoyo a inversiones para la reducción de vertido de 22 residuos, en los que están implicadas 36 empresas, que suponen una inversión privada y pública de 392 millones de euros antes de 2026, así como la generación de 412 nuevos empleos.
También ha recordado que el 1 de enero de 2023 entrará en vigor el canon estatal de vertido para residuos no peligrosos, fijado en 10 euros por tonelada. Según ha anunciado, en Euskadi se ha elaborado una propuesta técnica que plantea “subir esa tasa progresivamente para llegar a 20 euros por tonelada en 2025 y, ese mismo año, revisar esta cifra en función de los resultados obtenidos”, así como un nuevo impuesto. Ambas medidas se prevén implementar en 2024.
Por otro lado, se contempla una posible nueva infraestructura para la valorización de residuos y tierras que no tengan una solución inmediata alternativa al vertedero, como tierras de excavación y otros residuos áridos. Tapia ha afirmado que con esta infraestructura se podrían “almacenar y adecuar para otros usos los materiales secundarios provenientes de estos residuos, evitando que se lleven a vertedero”.
Asimismo, se contempla reforzar la implicación de la Administración pública en el seguimiento de la actividad de los vertederos y una participación directa de la Administración ambiental vasca en la gestión de las instalaciones que se amplíen temporalmente.
El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente tiene previsto incrementar el personal de inspección y sanción para 2025, de modo que se realicen inspecciones anuales de los vertederos activos e inspecciones periódicas en inactivos. Se establece, además, un límite máximo de vertido anual en cada instalación, en función de sus características.
También se realizarán revisiones de la Autorización Ambiental Integrada de las instalaciones de vertido con el fin de adecuarlas a la legislación vigente, y se incluirán mayores garantías financieras para el sellado y postclausura a través de un mecanismo financiero específico, acordado con el Departamento de Hacienda, para “garantizar los 30 años de seguimiento” de los vertederos cerrados por parte de los gestores privados, ya que en algunos casos “no es el mejor” e incluso hay empresas que se declaran en “concurso”.
Tapia ha dado cuenta de que “el cierre de los vertederos de Larrabetzu, Mutiloa y Zaldibar ha generado un déficit de capacidad de vertido que está afectando en la actualidad al depósito de residuos no peligrosos, todavía hoy necesario”. “En este año 2022 este déficit puede ser cercano a las 400.000 tonelada”, ha subrayado.
Para afrontar esta situación ha explicado que se contempla la ampliación de algunos vertederos. “Las previsiones sitúan la necesidad de vertido en torno a 1.500.000 toneladas anuales hasta el año 2024, en 825.000 toneladas/año entre los años 2025 y 2026, para reducirse hasta las 450.000 toneladas/año en los dos siguientes años y terminar por situarse en 300.000 toneladas/año en 2029 y 2030”, ha informado.
Según ha asegurado, las medidas previstas “permitirán que a partir del año 2024 se pueda cumplir el principio de autosuficiencia y proximidad” y ha recordado que, desde el año 2020, “Euskadi lleva fuera del territorio 100.000 toneladas anuales de residuos no peligrosos”. “En los próximos años se adecuará la capacidad existente en los vertederos públicos o con participación pública hasta alcanzar un máximo de 12 millones de toneladas que garanticen la capacidad de vertido hasta 2040”, ha incidido.
CIERRE VERTEDEROS
El plan contempla, además, que a partir de 2024 se pueda iniciar una clausura progresiva, hasta el año 2030, de un total de 13 vertederos; cuatro de ellos son de residuos no peligrosos que quedarán clausurados en 2024 (Lapatx, Urteta, San Marcos y Mutiloa).
“Las clausuras irán acompañadas de trabajos de restauración y regeneración ambiental de esos espacios”, ha apuntado Tapia que ha recordado que, en la actualidad, “todos los vertederos tienen un control por parte de la Administración ambiental para un periodo de 30 años, durante el cual se vigilan las emisiones de gases, los lixiviados, las aguas subterráneas y superficiales, así como el asentamiento y desplazamiento del terreno”.
Además, todos los vertederos clausurados tienen un sistema de recuperación de gases y sus promotores deben adaptar el espacio para un adecuado uso posterior, según marca la Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.
ARTXANDA
En cuanto a la restauración del vertedero de Artxanda, que permitirá habilitar capacidad de vertido, Tapia ha dado cuenta de que en su gestión estará presente la Administración Ambiental del Gobierno Vasco, con objeto de “extremar el control de su actividad”.
“Se responde a la necesidad de restauración de un vertedero antiguo, reacondicionando de manera segura residuos dispersados actualmente en el entorno”, ha señalado. Por otro lado, Tapia ha recordado que la Ley estatal de residuos, recientemente aprobada, obliga a los municipios a inventariar la existencia de amianto en sus territorios para 2025 y a retirar los que tengan mayor riesgo para 2028. Para ello, “se determinarán celdas específicas, en vertederos concretos, que albergarán, en las condiciones adecuadas, residuos de fibrocemento estructural”, ha avanzado.
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