MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández-Alén, reclamó este viernes la prórroga y la modificación del sistema de revisión de costes para los contratos públicos aprobado por el Gobierno el año pasado afirmando que cuentan con la complicidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana frente a la negativa de los ministerios de Hacienda y Asuntos Económicos.
Según indicó en una rueda de prensa, el departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez considera que es “totalmente razonable” promover un sistema de revisión de precios estable frente a las responsables económicas del Ejecutivo, que, según sugirió, tienen una visión de los contratos públicos de obra “exclusivamente monetario”.
Alén subrayó que los precios de los materiales “no están bajando” sino “moderando su incremento”, motivo por el que reclaman poner en marcha un sistema “estable”, similar al que existía en el sector antes de la Ley de Desindexación del año 2015, frente al decreto extraordinario aprobado por el Gobierno en marzo tras el estallido de la Guerra de Ucrania y que ha sido modificado con hasta otras dos normas.
El presidente de la patronal reconoció que un período de tres meses en los que no se revisase los precios entraría “dentro del riesgo empresarial”, pero más allá de ahí este sistema tiene “numerosos errores” y es “insuficiente” porque “no da estabilidad y certezas”.
Concretamente, detalló que según el índice ‘Dow Jones de Commodities’ se ha producido un incremento del 96% de los precios del sector entre enero de 2021 y junio de 2022, mientras que, según datos del Ministerio de Transportes, se ha producido un incremento entre enero del 2021 y noviembre de 2022 superior al acumulado desde 2005 hasta 2020.
Según el índice de precios de materiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero de 2021 y junio de 2022 los materiales siderúrgicos se han incrementado un 68%; el aluminio, un 59%; el cemento, un 22%; las mezclas bituminosas, un 81% y un 88% la energía.
De hecho, una de las quejas de la patronal es que el sistema de revisión de precios actual no recoge el incremento de la energía, que es “especialmente relevante” en las obras de agua, que suelen ser contratos de mantenimiento de servicios que la ley no permite abandonar por ser, en muchos casos, servicios fundamentales.
Asimismo, también reclaman incluir el impacto del incremento de costes de la mano de obra, ya que, a pesar de que el sector paga un 30% por encima del salario mínimo interprofesional, su subida acaba afectando indirectamente por las reclamaciones sindicales en escalones más altos o el impacto en sectores adyacentes como la limpieza, la seguridad o la industria.
El presidente de la patronal criticó también la necesidad de eliminar los porcentajes mínimos y máximos del 5% y 20%. El primero, según explicó, afecta “de manera directa” a las pymes y, además es “muy fácil” que no se supere cuando el plazo de ejecución “es muy reducido”. En cambio, el segundo afecta especialmente a los contratos de larga duración, con variaciones de materiales como el acero o el cobre que han elevado más de un 30% los costes en algunos casos.
Por último, recalcó que Transportes ha actualizado los precios en los actuales contratos, pero las comunidades y, especialmente, los ayuntamientos están presentando mayores “problemas”. En el caso de las corporaciones locales, afirmó que no se acogen al sistema de revisión “por desconocimiento o porque no quieren” o no “contestan” a las solicitudes para aplicar la revisión.
Ante esta situación, el sector reclama que la administración pública eleve del 13% al 17% el porcentaje de gasto que se puede destinar a gastos generales en un contrato de obra pública, ya que lo permite la normativa. También pidió eliminar la tasa del 4% por dirección e inspección de obra, vigente desde la década de 1960, que “carga los costes especialmente a pequeñas y medianas empresas”.
El riesgo con los costes derivó el año 2022 en que las empresas dejaron 2.032 obras públicas desiertas, con un valor de licitación de 982 millones de euros. “Es unánime”, indicó Alén, señalando que las empresas que están concluyendo las obras con presupuestos más recientes afirman que “los costes no salen”.
Alén también subrayó que está habiendo problemas con el sistema de clasificación de empresas contratista, que acredita la solvencia de una empresa par acometer una obra y especialmente “relevante” cuando una compañía trabaja en el extranjero. “Necesitamos revisar el sistema para que las empresas líderes mundiales puedan seguir demostrando que lo son”, señaló.
De cara a la presentación de los resultados de las grandes empresas del sector en las próximas semanas (ACS, Sacyr, FCC, Acciona, OHLA y Ferrovial), mostró su deseo porque los beneficios sean “enormes” y aseguró que estas compañías están “defendiendo las obras en España con lo que están haciendo en el extranjero”, donde se “paga bien”, mientras aquí hay “dificultad de cubrir costes”.
HASTA 700.000 TRABAJADORES
El presidente de la patronal subrayó que otro de los problemas del sector es la falta de mano de obra y recordó que el Ministerio de Transportes cifró en hasta 700.000 trabajadores los que hacían falta para acometer la ejecución de los proyectos financiados con los fondos Next-Generation. De estos, 490.000 trabajadores dependerían de este Ministerio y 200.000 personas, a su vez, serían necesarios para las obras de rehabilitación y regeneración urbana.
Además, Alén indicó que, conforme vaya acercándose la fecha de junio de 2026, en la que todos los fondos europeos deben estar gastados en la ejecución de los proyectos “intensidad de la necesidad de demanda va a ser cada vez mayor”.
El presidente de CNC reconoció que el sector “no ha sido capaz” de venderse adecuadamente, afirmando que las condiciones salariales y laborales son mejores que en otros sectores. “Algo no estamos haciendo bien”, recalcó, insistiendo en la necesidad de ejecutar un plan de choque para atraer a jóvenes, mujeres, desempleados e inmigrantes.
Además, apuntó que “en las próximas semanas” se cerrará el plan de pensiones colectivo del sector, pionero en España. “Queda muy poco”, afirmó Alén, quien apuntó que están apurando la redacción del reglamento, que servirá de “ejemplo” para otros sectores. Así, apuntó que tendrán que elegir a la entidad gestora de los fondos entre las 14 candidatas.
- Te recomendamos -
