La Fiscalía ha solicitado una investigación penal para esclarecer una presunta estafa de 355 millones de euros a Hacienda, que habría sido llevada a cabo por CVC mediante la utilización de IDCSalud

Hacienda inicia una investigación contra el fondo y su máximo directivo en España para determinar cómo debían tributar las plusvalías

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado a diversos juzgados de lo contencioso-administrativo que las resoluciones dictadas por la Agencia Tributaria (AEAT) relativas a un presunto fraude que asciende a 355 millones por parte de CVC como consecuencia de la venta de IDCSalud (Quirón) deben remitirse a la jurisdicción penal para que se investigue por posibles delitos contra la Hacienda Pública.

La Fiscalía ha respondido así a varios recursos presentados ante siete procedimientos abiertos por posibles delitos tributarios como resultado de las operaciones de compraventa de IDCSalud (fusionada con Quirón hace años).

En una nota recogida por Europa Press, el Ministerio Público señala que el objeto común de esos procesos es el de impugnar diferentes resoluciones dictadas por la AEAT relativas a liquidaciones provisionales vinculadas al delito contra la Hacienda Pública, con regularizaciones por Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR), Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto de Sociedades.

Esas liquidaciones se habrían realizado como consecuencia “de actividades de participación simulada de entidades con ocultación del verdadero sujeto pasivo, ausencia de retenciones por ingresos a cuenta, ocultación de funciones de gestión de inversiones y minoración artificial de la tributación sobre parte de los rendimientos de trabajo percibidos”.

El comunicado de la Fiscalía se produce después de que varios medios hayan publicado este jueves que Hacienda ha iniciado una investigación contra el fondo de capital riesgo CVC y su máximo directivo en España, Javier de Jaime, para determinar cómo debían tributar las plusvalías y para aclarar la percepción de dividendos por parte del grupo.

Así, la Fiscalía ha explicado que la inspección de Hacienda sobre determinadas sociedades de CVC y particulares vinculados a ella tiene su origen en la inversión que el fondo hizo en la entidad española IDCSalud (antigua Capio Sanidad), más tarde fusionada con Quirón y vendida a Helios Healthcare SL (del grupo alemán Fresenius).

Según explica la Fiscalía, la venta se produjo en enero de 2017 a través de la participación en capital y en instrumentos de deuda, así como utilizando para tal fin una cadena de sociedades constituidas en Luxemburgo y Países Bajos. Tras la venta, se declaró ante Hacienda una base imponible de 2.877 millones de euros y una cuota íntegra de 0 euros como consecuencia de la aplicación del convenio de doble imposición entre España y los Países Bajos.

De su lado, según han publicado diversos medios y han confirmado fuentes financieras a Europa Press, el conflicto con Javier de Jaime se centraría en que tributó como rentas de capital una serie de cantidades que Hacienda considera que deberían haber tributado como rentas del trabajo.

UNA DEUDA DE 369 MILLONES

Tras la inspección, Hacienda estimó que la cuota defraudada por el grupo CVC asciende a la suma total de 355 millones de euros y que la deuda resultante es de 369 millones de euros.

La Fiscalía interesa además desestimar los recursos presentados por los responsables contra las resoluciones de la AEAT, que señalaban que no procedía recurso o reclamación en vía administrativa.

Entiende que no se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados por la investigación de Hacienda porque los juzgados de lo penal pueden examinar las irregularidades y vulneraciones que dicen haber sufrido en el procedimiento administrativo que da origen a las resoluciones recurridas.