GIJÓN, 12 (EUROPA PRESS)
Organizaciones ecologistas han reclamado este lunes que no se ponga en funcionamiento la planta regasificadora de El Musel, en Gijón.
Al tiempo, piden que no se pague “ni un euro más por una obra ilegal y que se devuelvan todas las retribuciones percibidas que desde 2012 han pagado la ciudadanía, empresas y pequeños comercios, para mantener una planta totalmente injustificada para unos usos que nunca se han llegado a realizar”.
Así lo han señalado desde la Coordinadora Ecologista, que cree que la justificación para su utilización “sigue en entredicho”. “La planta costaría un total de 670 millones de euros a la ciudadanía, “sin contribuir al interés nacional ni europeo”, han asegurado a través de una nota de prensa.
En cuanto a sus impactos económicos, han incidido en que, sin haber entrado nunca en funcionamiento, la planta ilegal ya ha costado más de 282 millones de euros desde 2012, de los cuales 236,12 millones de euros han sido en costes de retribución de la inversión a la empresa adjudicataria, Enagás.
Los 46,65 millones de euros restantes fueron en concepto de gastos de operación y mantenimiento. Estos gastos han sido incluidos en la factura de gas mediante el epígrafe de costes regulados, según la Coordinadora Ecologista.
No obstante, la CNMC considera que todavía no se ha pagado la amortización de la infraestructura, por lo que los aproximadamente 387 millones de euros que ha costado su inversión están pendientes de retribuir. “Y se deberán ir abonando a partir de su entrada en funcionamiento, lo que se incluirá en los costes del sistema gasista, que acaban pagando los consumidores en su factura”, han augurado.
“De llevarse a cabo, la ciudadanía y los consumidores, pagarán un total de 670 millones de euros por una planta que no ha servido nunca para el interés general del país”, se han quejado.
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