SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
El director general de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego de la Consejería de Hacienda, Jesús Ignacio Pérez Aguilera, es también el responsable de la Oficina para la Defensa del Contribuyente, según se constata en el Decreto 165/2023 que regula este organismo, que aprobó el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado martes, día 4.
“Corresponde a la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de tributos la dirección de la Oficina para la Defensa del Contribuyente”, señala el decreto publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), para revelar esta circunstancia de acumular dos cargos, en apariencia antagónicos, en una misma persona.
El responsable autonómico del “diseño de la política global de ingresos públicos”, “de las medidas de política tributaria” o de “disposiciones interpretativas o aclaratorias de las leyes en materia tributaria” lo es, a su vez, para “recibir y tramitar las quejas y sugerencias para mejorar el funcionamiento, la forma de prestación y la calidad de los servicios de la Administración tributaria de la Junta de Andalucía”, según refleja el Decreto 165/2023 como una de las siete atribuciones de la Oficina del Contribuyente.
En la Memoria del ejercicio 2022, que rubrica el propio Pérez Aguilera, se afirma que “el fin de la Oficina para la Defensa del Contribuyente no es fiscalizar las tareas de la Administración tributaria de Andalucía, sino colaborar con la misma para analizar y llevar a cabo las vías de mejora detectadas en las sugerencias y quejas tributarias presentadas por los contribuyentes”.
Esa concentración de funciones en una misma persona y cargo se acrecienta con el hecho de que se adscribe también a esa Dirección General de Tributos el Tribunal Económico-Administrativo de la Junta de Andalucía, que, entre otras funciones, aborda “las reclamaciones económico-administrativas contra los actos administrativos de aplicación de los tributos o de los recargos y de imposición de sanciones tributarias que realicen la Agencia Tributaria de Andalucía” u otros organismos autonómicos.
EL ESTADO NOMBRA DEFENSOR DEL CONTRIBUYENTE A UN PROFESOR DE DERECHO
La estrategia que sigue la Junta de Andalucía dista de la que emplea la Administración General del Estado con su organismo equivalente de representación y defensa del contribuyente: el Consejo de Defensa del Contribuyente.
Este órgano, adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda, tiene como presidente a Jesús Rodríguez Márquez, un profesor titular de Derecho Financiero y Tributario a quien la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, nombró el 1 de julio de 2021, de entre los integrantes del Consejo de Defensa del Contribuyente y a propuesta de éste, por un plazo de tres años renovables.
Su primer presidente fue el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Javier Lasarte Álvarez. El Estado se plantea el perfil de “una persona de reconocido prestigio en el ámbito tributario con, al menos, 10 años de experiencia profesional”.
El Consejo de Defensa del Contribuyente lo integran 16 vocales, la mitad de los cuales deben proceder tanto del ámbito académico como ser profesionales tributarios.
UNA DÉCADA DE LA OFICINA DEL CONTRIBUYENTE: CERCA DE 200 QUEJAS EN 2022
La Oficina para la Defensa del Contribuyente (ODC) se creó por la Ley 23/2007 de creación de la Agencia Tributaria de Andalucía y entró en funcionamiento el 15 de junio de 2013 tras aprobarse el Decreto 31/2013, por tanto, es un organismo que cumple una década de funcionamiento.
La Memoria de este organismo pone de manifiesto que en 2022 recibió 224 quejas y sugerencias, de las cuales admitió a trámite 195 y 29 inadmitió. Esta cifra representa un descenso del 27% respecto a 2021, cuando se recibieron 307 quejas y reclamaciones, con 264 admitidas y 43 inadmitidas.
La tendencia es de retroceso, por cuanto en 2018 se recibieron 301 quejas y sugerencias y se admitieron 259. En 2019 fueron 259, con 205 admitidas a trámite. En 2020 fueron 359, 307 admitidas a trámite.
En cuanto a los motivos de las 224 quejas y reclamaciones presentadas en 2022 han sido la información y la asistencia al contribuyente (132), el tiempo de tramitación y ejecución de resoluciones (17), aplicación de los tributos (19), el procedimiento de recaudación (23), sobre modelos tributarios (3) y procedimientos especiales (1).
Los derechos y garantías de los contribuyentes se encuentran regulados en la estatal Ley 58/2003 General Tributaria, en el artículo 34, que contempla, entre otros aspectos, el derecho a la información y a la asistencia por la Administración tributaria; a obtener las devoluciones de cada tributo y de ingresos indebidos que procedan, con abono del interés de demora previsto; a ser reembolsado del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o fraccionar el pago de una deuda si ese acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente; o a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
Las funciones del Oficina de Defensa del Contribuyente son “recabar de la Administración tributaria de la Junta de Andalucía los informes necesarios para contrastar la información acerca de las quejas y sugerencias, verificar su trascendencia y, en su caso, proponer la adopción de las medidas que fueran pertinentes”, además de “elaborar y notificar a la ciudadanía las respuestas, los acuerdos de inadmisión y los acuerdos de no tramitación de las quejas y sugerencias”.
Sus tareas incluyen también la remisión de informes “a los órganos competentes de la Administración tributaria de la Junta de Andalucía afectados por las quejas” en caso de que “durante su tramitación se hubiesen detectado actos susceptibles de revisión” y en ese supuesto “podrá proponer el inicio del procedimiento de revocación al órgano competente de la Agencia Tributaria de Andalucía en beneficio de las personas interesadas”.
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