VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha explicado durante su comparecencia en la Cortes para presentar dos informes sobre contratación pública que el volumen económico de la contratación realizada por el conjunto de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en 2021, con exclusión de los contratos menores -17.759 expedientes por importe de 87,8 millones en 2021- volvió a niveles prepandemia, después del incremento del 26 por ciento experimentado en 2020.
Así, en el año 2019, con 3.224 expedientes, se situó en 762 millones de euros y ascendió a 960 un año después con 3.390, cifrándose en 2021 en 764 millones derivados de los 2.914 expedientes anotados en dicho ejercicio.
No obstante, la senda de la recuperación en la contratación tras la crisis económica iniciada en 2007 todavía queda lejos del máximo alcanzado en 2006 en Castilla y León cuando el importe de la contratación alcanzó los 1.486 millones.
Con relación a la evolución en el tipo de contratación celebrada en Castilla y León, Amilivia ha señalado que el mayor volumen de esta en el ejercicio 2021 correspondió a la Gerencia de Salud, con el 51,3 por ciento del importe total, siendo el mismo porcentaje que el que representaba en los ejercicios 2018/2019, después del incremento experimentado en 2020 con motivo de la pandemia, cuando alcanzó el 62 por ciento.
Seguido, por importancia, por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con el 18,1 por ciento, que recupera el mismo porcentaje prepandemia, después del 13 por ciento de la contratación que ocupó en 2020, y la Consejería de Educación, con un 7,5 por cientos.
Por tipo de contratos, en 2021 el 42,8 por ciento del importe total correspondió a servicios, después de que en 2020 se redujese al 23 por ciento. El 36,3 por ciento a suministros, cuando en el primer año de pandemia representaron el porcentaje más elevado, con el 58 por ciento; el 18,3 por ciento a obras, que recuperan un punto, y el 2,5 por ciento restante a otros.
En este contexto, Amilivia ha aludido a los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon), que cifran el volumen de la contratación pública en España en 2021 en 162.086 licitaciones del conjunto del Sector Público por un importe de 96.855,44 millones de euros. Desglosadamente, 34.380 licitaciones por 31 millones correspondieron al sector público estatal; 49.000 por 35,4 millones al sector público autonómico y 78.709 por 30,5 millones al sector público local.
El primero de los informes que presentó esta tarde Amilivia ha abordado la gestión de los contratos de emergencia suscritos por la Administración autonómica en el primer año de la crisis sanitaria, verificándose la adecuada formalización y registro, conforme a lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y demás normativa de aplicación.
Esta fiscalización de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los contratos de emergencia suscritos en 2020 por las entidades que forman parte de la Administración General e Institucional de la Comunidad se enmarcó en el ámbito de colaboración establecido entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo para analizar los efectos de la pandemia y, asimismo, fue planteado en el Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social en Castilla y León suscrito en 2020, fruto de un amplio consenso parlamentario.
En opinión del Consejo, la Administración autonómica cumple razonablemente con la legalidad aplicable a la tramitación de emergencia en dicha anualidad, excepto por determinadas salvedades que detalla este informe y que quedan referidas en 5 de sus 15 conclusiones.
El análisis de comprobación del cumplimiento de los requisitos legales más significativos en los procedimientos de contratación fue realizado sobre una muestra representativa de 100 expedientes, de los que 73 figuran en el Registro Público de Contratos de Castilla y León (RPCCYL) por 96.173.537,08 euros, y otros 27 contratos no incluidos en dicho registro por cuantía de 20.002.296,92 euros.
El segundo informe presentado es la auditoría de los contratos administrativos y privados celebrados por las consejerías, organismos autónomos y entes públicos de derecho privado que integran la Administración General e Institucional de Castilla y León, anotados durante el año 2021 en el Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad.
La contratación comunicada, excluida la contratación menor, ascendió en 2021 a 2.914 contratos, por importe de 764.514.054,80 euros. Para esta fiscalización se trabajó sobre la selección de una muestra representativa de 90 expedientes, por 190.683.470,43 euros.
La opinión del Consejo de Cuentas a la vista de las conclusiones referentes a la comunicación de la contratación, la publicidad de los contratos, la organización y control interno de los órganos de contratación, y la formalización y ejecución de estos, entre otros análisis, es que la Administración autonómica cumple razonablemente con la legalidad aplicable, excepto por algunas salvedades que afectan a los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos establecidos en la normativa.
A la vista de todo ello, Amilivia ha expuesto las ocho recomendaciones del informe, entre ellas, que el Registro Público de Contratos de la Administración autonómica debe depurar las deficiencias detectadas en su información.
Finalmente, el Consejo ha recomendado que la Consejería de Cultura y el Servicio Público de Empleo inicien el expediente para recuperar las cantidades susceptibles de ingreso como consecuencia de las penalidades impuestas en los procedimientos de contratación.
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