Girona perderá 5.000 empleos debido al decreto de viviendas turísticas, según indican empresarios

GIRONA, 10 (EUROPA PRESS)

El sector turístico y empresarial de Girona asegura que la regulación de viviendas de usos turísticos anunciada por el Govern este martes provocará la pérdida de 5.000 empleos en la demarcación gerundense, según un comunicado emitido este viernes.

Suscriben esta postura la Associació Turística d’Apartaments Costa Brava-Pirineu de Girona (ATA), la Taula Gironina de Turisme, el Col·legi API de Girona, el Col·legi d’Administradors de Finques de Girona, el Gremi de Promotors i Constructors d’edificis de Girona, la FOEG, PImec Girona, la Cambra de Comerç de Girona, la Cambra de Comerç de Palamós y la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols.

Las entidades rechazan el decreto del Govern “que no sólo regulará muy negativamente” los pisos turísticos, sino que auguran una gran afectación en el tejido empresarial de las comarcas gerundenses y la pérdida de competitividad del sector turístico.

Consideran que “es una medida precipitada, contraria a derecho y de nula efectividad, que se ha aprobado sin realizar previamente un análisis rigurosa de la situación y sin tener en cuenta la opinión de los sectores afectados”, por lo que ATA y Federatur están preparando una ofensiva legal contra el decreto ley.

Añaden que “no se han aportado estudios, ni datos ni informes sobre el impacto de la actividad de las viviendas turísticas en las comarcas gerundenses” y que la norma solo responde, textualmente, al objetivo de hacer ver a la opinión pública que se están tomando medidas para resolver el problema del acceso a la vivienda.

PEQUEÑOS PROPIETARIOS

Alertan de que se pone en riesgo los ingresos de 35.200 pequeños propietarios de viviendas de uso turísticos en la provincia de Girona, así como la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas.

Calculan que la nueva regulación puede suponer la eliminación del 40% de la oferta total de alojamiento reglado gerundense y que en toda Catalunya, el impacto económico directo del decreto sería de 3.000 millones de euros, lo que no incluye el impacto indirecto.