Recibió un 64% de reclamaciones más, hasta las 23.758
BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
L’Agència Catalana del Consum interpuso más de 10,5 millones de euros en sanciones “en defensa” de los consumidores en 2023, un 62% más que el año anterior, informa el Govern en un comunicado de este jueves.
El 59% del importe resuelto corresponde a empresas prestadoras de servicios básicos inmobiliarias, suministros de luz y gas, entidades financieras, transportes y telecomunicaciones, unos 6,1 millones de euros.
Resolvió con sanción 1.026 expedientes, un 72% más que el año anterior, mayoritariamente por deficiencias informativas (685), vulneración de derechos lingüísticos (261) y cláusulas abusivas (240).
El secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Albert Castellanos, ha expresado “satisfacción” por los resultados de Consum, en rueda de prensa junto a su director, Albert Melià.
CONFLICTIVIDAD
Consum recibió 23.758 reclamaciones en 2023, de las que gestionó directamente el 64% (15.563), el 56% de las cuales las gestionó a través de la mediación o arbitraje (8.772).
Los suministros de luz, gas y agua fueron el sector con más conflictividad concentrando el 23% de las reclamaciones, seguidos por la compra o reparación de un producto (14%) y el transporte (12%), y la telefonía y el internet (11,4%), un ámbito que el año anterior se situaba en segunda posición.
Las empresas contra las que se interpusieron más reclamaciones fueron Endesa (1.412), Naturgy (1.059), Vueling (774), Orange (771), Vodafone (705), Iberdrola (519), Energia XXI (425), Edistribución (391), Ryanair (375), Caixabank (300) y Telefónica (298).
VIVIENDA Y LENGUA
Consum gestionó 7.274 denuncias, el 51% de cuales fueron por la supuesta negativa de los grandes tenedores a ofrecer alquileres sociales y por la presunta vulneración de derechos lingüísticos.
Interpuso 133 sanciones a grandes tenedores por esta cuestión (+95% interanual más) y recaudó 3,3 millones de euros, mientras que en materia lingüística penalizó 261 infracciones (+284%) y obtuvo 498.852 euros.
La agencia ve una “preocupación creciente por parte de la ciudadanía” en materia lingüística, que pasó de las 296 recibidas en 2021 a 1.873 en 2023.
Castellanos ha destacado los “muy buenos resultados” del programa de refuerzo para dar cumplimiento a la ley de emergencia habitacional, y ha defendido que debe mantenerse en la próxima legislatura.
En este ámbito, ha valorado positivamente la asignación de un inspector para las empresas de “mayor conflictividad”, que ha repercutido en una disminución de las reclamaciones.
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