En los centros de la muestra, el gasto reconocido fue superior al gasto contratado entre 2016 y 2018
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
La Sindicatura de Comptes ha detectado que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) contrató 154 centros por el procedimiento de emergencia “sin que se diese los motivos recogidos en las leyes de contratos por hacerlo”, ha explicado en una nota resumen publicada este miércoles.
Es una de las conclusiones del informe que ha realizado sobre la contratación pública y adjudicación del servicio de acogida de la infancia y la adolescencia entre 2016 y 2020, y que también incluye el Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBcn).
La Sindicatura ha observado que la necesidad de plazas de acogida hizo que “las plazas se contratasen por el procedimiento de emergencia y con la sobreocupación de los servicios”.
Por otro lado, ha apuntado que todos los documentos de prórroga de contratos del ejercicio 20217 se firmaron entre abril y mayo, y que en 2018, se prorrogaron 181 contratos, de los que en 112 no se firmó ningún documento de prórroga “a pesar de continuar prestándose los servicios”.
Ha explicado que en los centros de la muestra, el gasto reconocido fue superior al gasto contratado cada año entre 2016 y 2018, y que teniendo en cuenta la falta de formalización o el retraso en hacerlo de las prórrogas, “la facturación de estos servicios no tenía cobertura legal para el reconocimiento del gasto”.
RECONOCIMIENTO DEL GASTO
El informe ha señalado que esto provocó que entre 2017 y 2020 la DGAIA tramitara comunicaciones al Govern para que estuviera al corriente del reconocimiento extrajudicial del crédito.
La Sindicatura ha indicado que la resolución del Govern en 2017 para tomar conocimiento de la deuda adicional de la DGAIA “sobrepasa el concepto de concreción y omisión que permitía el Acuerdo de Govern”.
CSSBCN
La Sindicatura ha observado que el CSSBcn no formalizó en ningún documento una parte de las prórrogas anuales de los contratos adjudicados a las entidades que prestan los servicios de acogida de Barcelona.
Además, en 2016, la entidad reconoció el gasto de 15 centros “sin tener ninguna empara formal para poder ser reconocida en el presupuesto”.
Ha señalado que el pago de las obligaciones realizado por la entidad –de 44,22 millones de euros– se hizo “sin que tuvieran un instrumento jurídico válido vigente que los soportara”, y que se incluyeron posteriormente en el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito del 19 de mayo de 2019.
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