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Diputación financia un estudio que cifra en 1.500 millones la merma anual por la economía sumergida

CÁDIZ, 28 (EUROPA PRESS)

La Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) ha presentado este viernes un informe macroeconómico sobre la economía sumergida de la provincia, que ha sido financiado por la Diputación a cargo del programa DipuActiva.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el estudio ha sido presentado de modo telemático por el vicepresidente primero de la Diputación, José María Román, el vicepresidente de la CEC, José Andrés Santos, y Vicente Ríos, profesor del Departamento de Economía, Gestión y Métodos cuantitativos de la Universidad de Milán, y responsable del mismo.

Este informe, que abarca la evolución en el período comprendido entre 1986 y 2020 revela que la economía sumergida acarreó en la provincia una pérdida de recaudación anual de aproximadamente 1.505 millones de euros (cifra de 2020) y que este dato supone que cada habitante de la provincia de Cádiz ha de afrontar un sobrecoste de unos 1.209 euros al año en impuestos de más que si toda esa actividad se regularizara.

Román ha valorado los datos del ‘Estudio sobre la Economía sumergida en la provincia de Cádiz’ y ha mostrado su convencimiento de que esta iniciativa de la CEC ha de servir como “punto activador para que en próximos trabajos se puedan adoptar acciones concretas que permitan alcanzar una menor tasa diferencial entre el Producto Interior Bruto registrado y la realidad”.

En este sentido, ha explicado que el programa DipuActiva, que financia el estudio, persigue “cambiar el ritmo” de la economía de la mano de entidades clave como la CEC, “pues los números no acompañan con respecto a la potencialidad y fortalezas que tiene la provincia, lo que hacía pensar que teníamos que cuestionarnos cosas”.

“Es bueno que nos planteemos abiertamente cuál es el escenario que hay en la provincia para que nos cuestionemos algunos elementos y para que cada administración desde su puesto de competencia pueda tomar medidas”, ha ahondado el vicepresidente de la Diputación.

Román, que también es responsable del área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social ha abogado por un cambio cultural global, afirmando que “es necesario que la ciudadanía se conciencie de que esto merma la capacidad de crecimiento de la provincia y la calidad del bienestar que puede aportar el Estado”.

Román ha afirmado que los datos que ofrece el estudio revelan los lastres que supone la economía informal, como la pérdida de ingresos de las administraciones, la competencia desleal entre empresas o la pérdida de derechos de los trabajadores, y se ha mostrado proclive al desarrollo de una “labor educacional” para sensibilizar a la población sobre estas cuestiones.

El vicepresidente de la CEC, José Andrés Santos, ha recordado que las empresas que recurren a la economía sumergida eluden su fiscalización y no cumplen las normas sanitarias, laborales y tributarias. Además ha afirmado que “muchas personas se ven obligadas a trabajar en estas condiciones por necesidad, una práctica que desde la CEC se rechaza”. Santos ha evaluado el problema en términos de insolidaridad, ya que la economía en negro “repercute en una mayor presión para los que sí cumplen”.

La estimación base indica que el peso promedio de la economía sumergida en la provincia en el período 1986-2020 ha sido del 33,5% del PIB oficial, lo que implica un nivel de informalidad muy elevado y por encima de la media nacional, en el entorno del 20-21%. Para el año 2020, el resultado es de un 16.8% del PIB, un descenso que está en línea con los resultados de Andalucía y España.

Los resultados del análisis sugieren, según la Diputación, algunas de las claves con mayor incidencia en el fenómeno de la economía sumergida como la presión fiscal, la cantidad de dinero efectivo fuera del sistema bancario, la calidad de las instituciones, el nivel educativo y el porcentaje de autónomos. Si estos parámetros se desarrollan de manera favorable, repercuten en una mejora de la ratio de la economía sumergida en relación al PIB.

En un escenario realista, que asume que un tercio de la actividad irregular nunca aflora, ya que en muchos casos es ilegal o inviable con el pago de impuestos, podrían recuperarse unos 836 millones de euros al año fruto de la economía invisible. Si no existiese economía sumergida, en promedio, cada habitante de la provincia habría ingresado 323 euros anuales adicionales.

El informe también tiene en cuenta la evolución de estos mercados irregulares en que el efectivo sigue estando vigente pero en el que ganan protagonismo el comercio electrónico o la eclosión de las criptomonedas.

En opinión del autor del estudio, factores como la mejora de la educación y el declive del dinero físico permiten albergar esperanzas de mejoras en la incidencia de este fenómeno. Vicente Ríos ha nombrado otros aspectos a mejorar para alcanzar esa meta, como la educación fiscal, la inspección, el control de las transacciones y el diseño de impuestos.


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