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Sordo (CCOO) ve poco realista cerrar el pacto de rentas antes del otoño y recuerda al Gobierno que debe formar parte

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MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, apuntó este lunes que es “poco realista” pensar que el llamado pacto de rentas pueda cerrarse “antes del otoño”, y resaltó que el Gobierno también debe “formar parte” de dicho acuerdo, ya que las rentas de alrededor de 15 millones de personas en España dependen de una u otra forma del Estado.

Así lo indicó durante la rueda de prensa que CCOO organizó este lunes para presentar las movilizaciones que llevará a cabo con motivo de sus reivindicaciones en el área de las administraciones públicas, con una concentración el próximo jueves 14 de julio ante el Congreso de los Diputados para solicitar el alza del salario de los empleados públicos, entre otras cuestiones.

Preguntado por la negociación del pacto de rentas, Sordo afirmó que “lo ideal sería acabarlo mañana”, pero que “no es realista pensar que lo vamos a cerrar antes de otoño”, porque “las posiciones están alejadas” y “ni siquiera hay una vía normalizada de negociación”.

En cualquier caso, el líder sindical apuntó que “una cosa es que no sea realista que en julio se vaya a resolver el pacto de rentas y otra es que podamos largar patada adelante en una cuestión tan importante hasta septiembre”.

“No contemplamos ese escenario”, aseguró, indicando que “conversación informales sobre estas cuestiones no las ha dejado de haber” y que “no nos vamos echar la siesta hasta septiembre cuando los precios están en el 10%, los conflictos van incrementando de intensidad en muchos convenios colectivos y cuando la situación de millones de personas es muy complicada porque no llegan a fin de mes”. “No lo vamos a resolver en julio, por desgracia, pero no lo vamos a dejar en ‘stand by’ hasta septiembre”, reiteró.

PAPEL DEL GOBIERNO

Por otro lado, Sordo declaró que “el Gobierno de España debe ser consciente de que en ese supuesto pacto de rentas buena parte del éxito o fracaso depende del mismo Gobierno” y que “tiene que formar parte de él”. En este sentido, resaltó que “las rentas de más de 15 millones dependen directamente de decisiones del legislativo”, en referencia a los 3,3 millones de personas trabajan en el área publica, los entre 9 y 10 millones de pensionistas, y las personas que perciben las prestaciones sociales o las que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Así, el secretario general de CCOO señaló que el pacto de rentas “depende de si hay una voluntad por todas las partes de poner medidas serias encima de la mesa”. A este respecto, advirtió que “las organizaciones empresariales se niegan a garantizar el mantenimiento de poder de compra aunque sea en el ciclo largo de los tres años”, y que “la gran incógnita es qué pone el Gobierno encima de la mesa”.

“El Gobierno sigue dando la impresión de que ve el pacto de rentas como una cuestión ajena”, criticó Sordo, que indicó que el Ejecutivo es “principal protagonista de este pacto de rentas”. Asimismo, además de la influencia directa del Gobierno en las rentas de alrededor de 15 millones de personas, Sordo apuntó que el Ejecutivo “podría ayudar mucho a avanzar en un acuerdo salarial” si advirtiera que en caso de no haber un acuerdo salarial antes de finalizar el año introducirá en los Presupuestos de 2023 un tipo mínimo efectivo en el Impuesto de Sociedades del 20%.

En cualquier caso, matizó que la subida salarial de los funcionarios no sigue la misma lógica que la del sector privado, ya que “el Gobierno responde a bienes comunes” mientras que el líder de la patronal, Antonio Garamendi, “responde a excedentes, beneficios y dinero que se distribuyen entre accionistas de las sociedades anónimas”.

CLÁUSULAS DE REVISIÓN

Por otra parte, preguntado por las cláusulas de revisión a incluir en el pacto de rentas, Sordo afirmó que en esta cuestión “hay margen y capacidad de negociación”, y que se puede hablar sobre los porcentajes a aplicar al final de cada año. Sin embargo, se mostró en contra de que la cláusula de revisión se aplique únicamente al finalizar el ciclo de tres años, sino que “deben operar al final de cada año”.

En este sentido, argumentó que “hasta el 31 de diciembre de 2024 queda mucho tiempo, muchas cestas de la compra por hacer” y, con la gran inflación actual, junto al 6,5% del 2021, dejar la revisión al final de 2024 supondría “que condenamos a millones de personas a una pérdida muy intensa de poder adquisitivo”.


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