Se tramitará en la próxima legislatura
BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat y la Associació Economia Social Catalunya –a la que pertenecen entidades representativas de la economía social– han consensuado un documento de bases para impulsar una ley de economía social y solidaria.
La Generalitat y el sector quieren que se reconozca y promueva la economía social y solidaria como parte integrante de una economía plural en Catalunya, ha informado este viernes el departamento en un comunicado.
El documento de bases marca como objetivos de la ley establecer un marco jurídico de la economía social y solidaria, fomentar y promocionar este modelo económico y alcanzar su reconocimiento y representatividad institucional.
El conseller Chakir el Homrani ha asegurado que la creación de un marco normativo de la economía social y solidaria es “un elemento imprescindible” para avanzar en el proceso de transición del modelo económico catalán hacia uno más plural, sostenible, centrado en las personas y transparente.
El Homrani ha destacado la relevancia del documento y la futura ley: “Lo quiero reivindicar porque se trata de un proyecto de mucha transformación, de mirada larga del modelo de país y de comunidad que queremos construir”.
La tramitación de la futura ley ya se producirá en la próxima legislatura y El Homrani ha dicho que ahora toca “redactar la ley de manera consensuada, como se ha trabajado hasta ahora, y desplegarla”.
“Si el sector de la economía social y solidaria ha hecho este ejercicio de trabajo y consenso desde miradas muy diversas, desde el ámbito político también lo tenemos que poder hacer. Es necesario que esta ley salga adelante sin desdibujar el documento de bases”, ha señalado.
El documento de bases establece que la ley debe tener una voluntad transformadora, por lo que debe ser “inclusiva, social y flexible”: inclusiva respecto a la singularidad de la formas jurídicas y empresariales; social porque priorice las personas y la vida, y flexible, con una mirada abierta a reconocer nuevas realidades sociales y comunitarias.
También determina que uno de los objetivos de la futura ley sea el reconocimiento de las organizaciones representativas de la economía social como interlocutores con las administraciones, así como fomentar ese fin en los diferentes niveles de la administración pública.
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