CARTAGENA (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)
La Comunidad Autónoma apuesta por la ecoeficacia y la mejora de accesibilidad en la nueva concesión del puerto deportivo de Mar de Cristal en Cartagena, mediante medidas que mejoren el ahorro de agua y energía, así como la eliminación de barres arquitectónicas para personas con discapacidad, según informaron fuentes de la Consejería de Fomento e Infraestructuras.
Desde el pasado jueves está abierta la licitación de la concesión pública de servicios del Puerto Deportivo Mar de Cristal por un periodo de 20 años. El plazo para presentar las propuestas de gestión finalizará el 17 de agosto. También está activa desde el pasado mes de mayo la licitación del Puerto de Los Alcázares, y en breves fechas se publicarán las de los puertos de Islas Menores, La Isleta y Águilas.
La renovación de las distintas concesiones en infraestructuras portuarias dependientes de la administración regional que van agotando sus periodos de gestión, tiene como denominador común la apuesta regional por la transición ecológica y digital, que igualmente impulsa desde la Unión Europea.
Además, estas licitaciones van a suponer un impulso a la reactivación del sector náutico que tiene un gran potencial dinamizador para acelerar la actividad económica y el empleo en los municipios donde se ubican, según las mismas fuentes.
Mientras se sacan las nuevas concesiones, los servicios que los puertos prestan a sus usuarios están garantizados porque se trata de una situación transitoria en las mantienen las mismas condiciones y derechos que cuando la concesión está en vigor. Asimismo se pueden autorizar inversiones y continuar con la gestión de igual forma que cuando está en vigor.
La concesión de Mar de Cristal finaliza el próximo mes de octubre y su actual gestor debe a la Comunidad Autónoma la mayoría de los cánones desde que asumió la concesión. El pago del canon es un deber que tienen todos los puertos concesionados de la Región de Murcia y la administración regional no puede exceptuar a ninguna concesión. Así lo ratificó el Tribunal Superior de Justicia el pasado año y recientemente también lo ha hecho el Consejo Jurídico, ante la petición del concesionario de un reequilibrio en la concesión.
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