SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha defendido este lunes el papel de las políticas sociales como “generadoras de riqueza y empleo” dentro del nuevo modelo de atención que ha impulsado desde su llegada a la Consejería.
Así lo ha apuntado la consejera en el foro ‘Los retos de las políticas sociales en tiempos de pandemia’ de ‘La Razón’, donde ha protagonizado una intervención sobre esta gestión que supone una herramienta clave en la reconstrucción social y económica de Andalucía.
Ruiz, que ha sido presentada por el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha asegurado que su departamento “impulsa transformaciones sociales a través de un cambio total de paradigma” y dicho que su función es “remover a la sociedad, romper esquemas tradicionales, acabar con el inmovilismo al que medidas del pasado han condenado a miles de andaluces y ayudarles a que recuperen su independencia y pongan en marcha un proyecto de vida digno”.
Ha anunciado que su departamento está preparando un estudio con la Universidad de Málaga (UMA) para mostrar a la ciudadanía la importancia de las políticas sociales como “generadoras de impulso económico” en Andalucía y ha avanzado que el impacto de las políticas que gestiona esta Consejería en el producto interior bruto (PIB) de Andalucía “supera al que tienen sectores tan pujantes como las energías renovables, las telecomunicaciones o la banca”.
En este sentido, ha destacado que el compromiso de la Junta de Andalucía por mantener y fortalecer las políticas sociales “es, además de una cuestión de justicia, una apuesta por una economía responsable y solidaria y por el empleo”.
POLÍTICAS SOCIALES
Ruiz se ha referido a que los 24 millones de euros destinados a las tarjetas monedero para familias en situación de desprotección “han revertido en compras en supermercados andaluces, fomentando y garantizando el empleo y el consumo de productos” de la comunidad. También ha señalado que la implantación del nuevo modelo de atención residencial a menores inmigrantes y extutelados supone la generación de 350 empleos.
Además, ha destacado que las 25.000 plazas residenciales concertadas en Andalucía “generan más de 12.000 empleos directos, cifra que va en aumento”, ya que en lo que va de legislatura se han puesto en marcha “1.565 plazas nuevas”.
“Y a ello hay que sumar los empleos indirectos en todos los sectores proveedores de servicios a las residencias como son el de la alimentación, la limpieza, la construcción o el mobiliario, entre otros”, según Ruiz, que seguidamente ha apuntado el incremento del precio-hora del servicio de ayuda a domicilio, una medida que ha supuesto un esfuerzo presupuestario de 61 millones de euros “para mejorar de forma directa la calidad del empleo de 32.000 cuidadoras”.
La consejera ha subrayado “el blindaje de las políticas sociales en la comunidad con la mayor dotación presupuestaria en los últimos 20 años, más de 2.500 millones de euros de los que 1.741 millones corresponden a atención a la dependencia”. También ha destacado la “apuesta por las nuevas tecnologías y los macrodatos, que contribuyen a una redistribución más equilibrada y equitativa de los recursos sociales”.
“Hay que garantizar servicios públicos y aumentar plazas, con una buena gestión administrativa de la mano de la digitalización para agilizar listas de espera y solicitudes”, ha resaltado Ruiz, para quien “es el momento de apostar por las políticas sociales si queremos que Andalucía sea de verdad una comunidad fuerte, que genere empleo y riqueza y aspire al lugar que merece”.
La consejera ha defendido que la apuesta por un nuevo modelo de atención a la dependencia para solventar las carencias detectadas ha permitido alcanzar “una cifra histórica de beneficiarios, con más de 230.000 andaluces atendidos”.
“Un modelo de gestión de proximidad, centrado en la persona y con más recursos”, según ha explicado, que se basa en la creación de 1.565 plazas residenciales en centros de día y terapia ocupacional y una nueva red de centros de cuidados intermedios que permitirá atender a personas mayores o con discapacidad cuyas patologías corren riesgo cierto de convertirse en cronificables y acrecentar su dependencia.
Durante su intervención, la consejera ha señalado que hace dos años se encontraron “un déficit de recursos, con apenas centros de titularidad pública para atender a las personas mayores y con discapacidad y una administración anclada aún en el siglo XX”.
“Las personas deben acceder cuanto antes a un derecho que les pertenece, de ahí la necesidad de impulsar medidas como la Ventanilla Única Electrónica para la dependencia, aprobada la semana pasada en el Parlamento de Andalucía, y que permitirá reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación de solicitudes, así como mejorar las condiciones laborales y profesionales de las personas que trabajan en este recurso”, ha destacado Ruiz.
AYUDAS EN PANDEMIA
Para la responsable de Igualdad, la pandemia ha mostrado que “la apuesta por la gestión de la dependencia iba en el camino correcto: un modelo de proximidad que da prioridad a los cuidados a domicilio o en su entorno más cercano”.
“Está claro que lo que había no funcionaba, y que había que apostar por nuevas fórmulas”, ha destacado, señalando que la vía planteada por su departamento “se centra en la persona, de tal forma que sean los recursos los que se adapten a las necesidades de los andaluces y no al revés”.
“Los resultados ya han empezado a notarse” y Andalucía es ya “la segunda comunidad mejor valorada en gestión por el Observatorio de la Dependencia, con la mejor nota de los últimos cinco años”, ha reseñado Ruiz, “unos resultados que, no obstante, serían aún mejores si se cumpliesen los acuerdos del Pacto de Estado por la dependencia” y se contara “con una financiación justa y equilibrada que blinde los sistemas de dependencia en igualdad de condiciones para todos los españoles”.
RIESGO DE EXCLUSIÓN
Además, Ruiz se ha referido en su intervención a la importancia de este modelo de gestión para hacer frente al aumento de las desigualdades sociales y la aparición de nuevos perfiles de personas en riesgo de exclusión que han visto agravada su situación a causa de la pandemia.
La consejera ha apostado por reducir los procedimientos administrativos para que los servicios sociales “se puedan centrar en las personas, que es lo que verdaderamente importa”, y ha destacado que precisamente “la simplificación” de trámites ha permitido que la Renta Mínima de Inserción Social alcanzara en 2020 “su máximo nivel de ejecución presupuestaria”, tras ampliar su dotación a 143 millones con los que atender nuevas solicitudes y paliar situaciones de urgencia y emergencia social.
En este punto, Ruiz ha defendido un modelo que pasa “no por políticas asistencialistas, sino por sostener a las personas para que logren su autonomía y tengan un proyecto de futuro, rompiendo la cadena de transmisión de pobreza”.
“En suma, se trata de aplicar más recursos, una buena normativa y tener voluntad, así como una buena financiación”, ha resumido Ruiz, quien ha enfatizado, además, la importancia del diálogo con el sector. “Hay que ir de la mano de ellos, escuchar a los beneficiarios, a los trabajadores y a los prestadores del servicio, esa es la manera de llevar a cabo unas buenas políticas sociales que, por fin, están en la primera línea de la gestión”.
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