SEVILLA, 20 (EUROPA PRESS)
La reforma laboral del Gobierno central, pendiente aún de aprobación definitiva, en su versión actual pactada con los sindicatos y la patronal, pone en jaque la continuidad de 1.000 investigadores de la Universidad de Sevilla (US) que están contratados por obras y servicios, una fórmula contractual que desaparece en la propuesta de reforma.
La voz de alarma la ha dado la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), cuyo presidente y rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Carlos Gómez Villamandos, ha cifrado en 25.000 los investigadores contratados por obras y servicios a los que la reforma deja a partir del mes de abril en un limbo legal. Es el plazo transitorio que recoge el texto para abandonar este tipo de contrato.
El vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla, Julián Martínez, apunta a que “va a haber una solución porque de no haberla, no habría investigación”, al tiempo que reconoce su sorpresa por el hecho de que “nadie haya pensado en la investigación” a la hora de redactar la reforma.
La Universidad de Sevilla realiza anualmente 500 convocatorias para la contratación de personal con fondos obtenidos en concurrencia competitiva tanto de ámbito internacional como nacional y autonómico. Fondos con los que contrata a personal investigador por un plazo que oscila entre el año y cuatro años de máximo.
Si el contrato de obra y servicio desaparece a partir de abril, “no se sabe qué va a pasar con los nuevos contratos y los concursos en evolución –solo en los meses de noviembre, diciembre y enero se han puesto en marcha 280 convocatorias de selección–“, apostilla Martínez, que confirma que tanto la CRUE como la US están elaborando informes jurídicos con los que intentar despejar las incógnitas y, sobre todo, las incertidumbres. Este tipo de contratos afectan a todas las áreas de investigación y, especialmente, a personal investigador joven. Un “talento” que ahora ahora ve peligrar su continuidad.
El vicerrector de Investigación de la US, una de las universidades Españolas con mayor plantilla de investigadores, deja claro que el contrato de obra y servicio “no es la fórmula” que quiere el sistema universitario español. “La solución para hacer carrera investigadora no pueden ser los proyectos, que deber ser transitorios. Debe basarse en modalidades contractuales de la ley de la ciencia y oportunidades posteriores de estabilización”, abunda Martínez, que insiste en la necesidad de que la Universidad cuente con financiación y recursos suficientes para mantener la “joya” de la investigación, ya que, de lo contrario, “corremos el riesgo de perder talento”.
En esta línea, la US entiende que una solución a la desaparición del contrato de obras y servicios puede estar en la Ley de la Ciencia que ahora se negocia con el Gobierno central. En el último borrador, se ha incluido la figura del contrato para actividades científico-técnicas y para gestión de servicios científico-técnicos, que es una “novedad” que “agradecen” las universidades. “Debe quedar muy claro en la Ley que los contratos indefinidos se asocian a líneas de investigación genéricas y no a proyectos de investigación concretos, y que las indemnizaciones puedan pagarse con cargo a estos proyectos”, abunda Martínez.
No obstante, Julián Martínez recuerda que la investigación sigue estando sujeta a la Ley de Subvenciones y que la carga burocrática “dificulta” su desarrollo al tener que asumir cada vez más la gestión de transferencias tanto de la Junta como del Ministerio, entre otras cuestiones.
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