MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se mostró este jueves “optimista” de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 entre las formaciones que integran el Gobierno de coalición y apuntó que habrá acuerdo “mucho antes de los que algunos vaticinan”.
Así lo indicó en una entrevista en la Cadena SER recogida por Servimedia en la que reconoció que las negociaciones para la elaboración de los Presupuestos “siempre es complicada” y que así lo fue en los dos proyectos de cuentas públicas aprobados los dos últimos años, pero que dicha dificultad no es solo con Unidas Podemos sino “también con los ministerios socialistas”.
En este sentido, la titular de Hacienda señaló que “todo el mundo tiene muchas propuestas” y que “todas son muy importantes y compiten entre sí”, por lo que el Ejecutivo ha de tener “capacidad de priorizar todas esas políticas”.
En esta línea, apuntó que la intención es “que haya una partida superior” en el apartado de Defensa, pero que esto no debería suponer un problema en la negociación con Unidas Podemos porque “es compatible el gasto en Defensa con el social” y “no hay que trasladar que una cosa sea a costa de la otra”.
Por ello, aseguró ser “optimista” y prever que “nos vamos a poner de acuerdo y vamos a tener un acuerdo mucho antes de lo que algunos vaticinan”, para luego también negociar con PNV y ERC, entre otros socios parlamentarios, concluyendo que “siempre es complicado y esta vez no va a serlo menos”.
REFORMA FISCAL
Por otro lado, preguntada sobre la petición de Unidas Podemos de abordar ya una reforma fiscal, Montero declaró que dicha reforma “el Gobierno la lleva afrontando desde el principio de la legislatura” con medidas como la creación del impuesto a las transacciones financieras y el de los servicios digitales, o la subida de tipos a las rentas superiores a los 300.000 euros.
Por ello, la ministra afirmó que le parece “bien” que Unidas Podemos pueda pedir que se afronten otras medidas contempladas en el libro blanco elaborado por el grupo de expertos a principios de este año, ya que el Ejecutivo está “muy comprometido” cona la reforma fiscal, pero recordó que la guerra de Ucrania y el contexto económico de alta inflación provocado por esta ha obligado al Gobierno a utilizar la fiscalidad como una herramienta con la que aliviar a la mayoría de la población con medidas de rebajas fiscales en la electricidad.
NUEVOS IMPUESTOS
A este respecto, Montero destacó que las últimas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el Debate del estado de la Nación, como la creación de sendos gravámenes a los beneficios extraordinarios de entidades financieras y compañías energéticas, “orientan la mirada sobre la gran mayoría de los ciudadanos”, y son “de justicia social y fiscal”.
Por ello, consideró “lógico” que Unidas Podemos quiera trasladar su “autoría o visibilidad” sobre estas medidas, ya que “son de todo el Gobierno” y, aseguró, “no ha habido la menor discrepancia” ni “ningún tipo de debate” sobre las medidas sociales que el Ejecutivo de coalición ha de tomar.
Así, la ministra destacó que las nuevas medidas buscas “redistribuir la carga social” de la actual situación de alta inflación y, ante las declaraciones de ayer miércoles del vicepresidente de Iberdrola, el socialista Antonio Miguel Carmona, sobre que el nuevo impuesto no afectará a Iberdrola, Montero respondió que sí que lo hará.
“Claro que afecta a las eléctricas”, afirmó en este sentido, recordando que la estimación es recaudar 2.000 millones de euros al año con este impuesto que se aplicará a eléctricas, gasistas y petroleras, además de 1.500 millones de euros con el impuesto a los beneficios extraordinarios de las entidades financieras por la subida de tipos de interés.
En cuanto a la relación con estos sectores de la economía, Montero reconoció que hay una “relación lógica de tensión” pero que “no falta un día de diálogo” ya que las medidas aplicadas durante el último año para rebajar el precio de la electricidad “ha provocado en el sector una necesidad de dialogar con el Ejecutivo”. En este sentido, aseguró que el Gobierno escuchará y estará pendiente de lo que las compañías de estos sectores tengan que decir, pero insistió en que “es de justicia social y fiscal que en estos momentos que ellos experimentan unos mejores resultados en sus cuentas” puedan aportar más.
Asimismo, ante las críticas de las entidades financieras sobre que el impuesto produce “inseguridad jurídica”, la ministra indicó que “no puede ser” así porque “no conocen aún el detalle” del impuesto. Sin embargo, apuntó que este tipo de argumentos, así como el del traslado del coste del impuesto a los precios que pagan los clientes son “un clásico siempre que se anuncian medidas fiscales”.
A este respecto, la ministra argumentó que estos impuestos afectan a bienes primarios en los que hay una gran oferta, por lo que no es fácil repercutir el coste, por lo que criticó la utilización de este “mantra” por parte del PP “para no decir de parte de quién está”, y aseguró que se prohibirá dicho traslado del coste a los ciudadanos y que se pedirá a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “que vigile y aplique sanciones si alguna empresa se separa de la legalidad”.
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