LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 (EUROPA PRESS)
Las patronales turísticas de Canarias –Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT Las Palmas); Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel); Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); y Federación Turística de Lanzarote (FTL)– han solicitado impulsar las medidas contempladas en la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013 tras diez años en vigor.
En concreto, inciden en la necesidad de dar un “nuevo impulso” en la aprobación de herramientas como los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) que subrayan han demostrado, “por su agilidad” en la tramitación y “resultados positivos” en la cualificación de los destinos turísticos en los que han sido aplicados, “ser útiles para la actividad económica y el empleo al mismo tiempo que han contribuido a una mejora de la calidad y la sostenibilidad ambiental”.
Estas han sido algunas de las conclusiones de las Jornadas de Renovación y Modernización Turística de Canarias desarrolladas en las cuatro islas en las que han sido tramitados “con éxito” los PMM regulados por la norma de 2013, tales como son Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife, según un comunicado de las patronales.
El evento, celebrado en colaboración con el Gobierno de Canarias, han permitido a empresarios del turismo, expertos del ámbito del Urbanismo y el Derecho, gestores turísticos y responsables de Administraciones Públicas compartir visiones y experiencias sobre una herramienta “merecedora de un nuevo impulso que permita abordar y resolver problemas concretos” del sector turístico en el plano de la ordenación del territorio, tales como la “obsolescencia de algunos establecimientos”, tanto alojativos como de oferta complementaria.
Todo ello, señalan, desde una perspectiva “más ágil” en la tramitación de herramientas de ordenación que garanticen la seguridad jurídica, así como con plazos razonables que impulsen la inversión pública y privada, “esenciales” para la actividad económica y el empleo.
Así demandan “con urgencia” la recuperación de los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de los núcleos turísticos, ya que entienden que son una herramienta que permite que los destinos más antiguos, “consolidados y maduros, se reinventen”, así como que los espacios públicos y privados “se recompongan en beneficio de una mayor calidad del destino”, que es exigida tanto por el residente como por el que visitante.
“El proceso de renovación de la planta alojativa y de oferta complementaria debe constituir el eje fundamental de la cualificación de la oferta turística canaria”, recoge.
LOS PMM
Los Planes de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) se configuran como un conjunto de actuaciones y proyectos concretos de renovación bajo un procedimiento de tramitación abreviada y de fase única que pivotan entorno a tres ejes fundamentales que el legislador plantea para la renovación de la planta alojativa turística, tales como son “concreción, agilidad en la tramitación e impulso por parte de la Administración”.
Según las conclusiones de las jornadas, la “potencialidad de los PMM para intervenir en la renovación y modernización de las urbanizaciones y núcleos turísticos de Canarias, tal y como aparecen diseñados en la ley, es extraordinaria”, ya que se mantiene en la actualidad “pese a la notable reducción” de aprobación de estos instrumentos en los últimos años.
Por ello consideran “incuestionable” su capacidad para instrumentar la cualificación y mejora de la planta de alojamiento turístico, así como el equipamiento complementario, contribuyendo a reactivar la actividad económica en un marco en el que están constatando desde hace años, aseguran, “si no la paralización, sí el retraso continuado de proyectos de inversión que tienen que ver con el sector turístico, algo que resulta inadmisible y que dibuja un escenario donde las administraciones públicas no cuentan con personal o herramientas suficientes” para atender las demandas del tejido turístico.
Esto hace que los planes o licencias tramitados “se enquisten en el tiempo y se pierden claras” oportunidades de inversión para las islas, en perjuicio del interés general.
Además expone que Canarias dispone de instrumentos legislativos y de planeamiento que posibilitan canalizar inversiones tanto del sector público como privado en los destinos insulares aunque la “excesiva dilación” en la tramitación principalmente de planes y licencias municipales, afirman que “genera un grave problema” que lleva a “desincentivar un buen número” de proyectos e inversiones.
Por ello entienden que Canarias ha desarrollado un marco del que “probablemente no se ha extraído el potencial ni ha alcanzado los objetivos pretendidos debido a la falta de medios y recursos públicos pero también a una carencia” de conocimiento por parte de los propios interesados.
También piden revisar los incentivos lucrativos en materia de edificabilidad, número de plazas o densidad de parcela, con el fin de incorporarlos como “auténticos avances” en materia de sostenibilidad, lucha contra el cambio climático y descarbonización con el fin de no perder plazas alojativas.
Sobre ello cita los datos del Instituto Canario de Estadísticas (Istac) durante los años 2015 y 2022, que reflejan que Canarias ha perdido 685 establecimientos extrahoteleros (38,4%) y 68.209 camas (16,3%), siendo Gran Canaria la isla que más camas extrahoteleras ha perdido, unas 35.000, con lo que implica en la “caída en la capacidad económica, la recaudación impositiva y los puestos de trabajo en el sector”.
En relación a los centros comerciales ubicados en las zonas turísticas expusieron que se tratan de edificaciones “obsoletas, ruinosas en muchos casos, que han venido lastrando” el destino turístico, por lo que abogan por articular “normas” que hagan “viable su recuperación a través de incentivos que motiven a los propietarios a acometer la renovación, admitiéndose el cambio de uso”.
Por último, han considerado “inaplazable” la intervención legislativa del Gobierno de Canarias para la “correcta” modulación y ordenación de actividades netamente turísticas, tales como son el uso turístico de viviendas y la actividad de autocaravanas, zonas de acampada y campings que actualmente “carecen” de los necesarios controles cuantitativos y cualitativos, de la necesaria ordenación e integración en términos territoriales y urbanísticos, siendo “más grave aún de las mínimas exigencias en términos de sostenibilidad turística y ambiental”.
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